17 feb. CI.- El escándalo sobre la red de proxenetismo que operaría en la Policía Nacional, denominada también “comunidad del anillo”, evidenció la relación que viven los integrantes de esta institución, enmarcada por servicios sexuales, homofobia y episodios de feminicidio. Por los hechos renunciaron el viceministro del Interior, Carlos Ferro, y el general Rodolfo Palomino, comandante de la Policía.
Luego de que la Procuraduría General compulsara copias ante la Fiscalía General para iniciar formalmente una investigación al director general de la Policía Nacional, Rodolfo Bautista Palomino López, y a otros miembros de la Institución por los delitos de proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas de integrantes de la Policía; el tema que no ha sido públicamente resaltado es la naturaleza homofóbica, fuente de esta cadena de eventos, que es parte de la doctrina institucional en la Policía Nacional de Colombia.
El video que hizo renunciar a Ferro
La prueba “clave” para abrir la investigación desde la Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordóñez, en contra de Palomino, es un video íntimo en el que Carlos Ferro, ahora exviceministro del Interior y Ányelo Palacios Montero, actual capitán de la Policía de Florencia, comparten información acerca de sus relaciones personales. A pesar de la ausencia del General Palomino en el video y que ni su nombre ni el de ningún otro miembro de la Policía fuera mencionado, esto fue lo que desató a Ordoñez.
La creación de una red de prostitución interna en la Institución compromete a varios altos mandos de la Policía Nacional, en la que son acusados por sus víctimas de contactarlos y obligarlos para prestar servicios sexuales. El coronel Jerson Castellanos es uno de los acusados, quien fuera excomandante de seguridad del Congreso de la República.
Homofobia institucionalizada
Los encuentros sexuales, testificados por los capitanes Andrés Felipe Cortes, Jayson Andrés Arboleda, John Fredy Cifuentes, Mauricio Vélez y Cristian Marín, fueron el resultado de amenazas a las víctimas, por ejemplo, con ser señaladas y acusadas de “maricas” o excluidas de la Institución. Todo esto dentro de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander.
Alejandro Lanz Sánchez, Director de Pares en Acción Reacción Contra la Exclusión Social –Parces–, manifestó que “existe una represión muy grande al interior de la institución de la Policía Nacional hacia las identidades LGBTI. Esto se refleja tanto externa como internamente. En las calles la policía reprime a las personas lesbianas y gais cuando tienen manifestaciones de afecto en público y atenta de forma muy violenta contra las personas trans por el solo hecho de expresar su identidad de género. En este sentido, las violencias más comunes son la violencia física, la violencia verbal, ruptura de documentos, conducciones sistemáticas a UPJ o CAI, favores sexuales, encerramientos públicos y demás tratos inhumanos y degradantes. Si esto es lo que vemos en las calles, internamente la represión y la violencia deben ser mucho más grandes».
Lanz Sánchez recordó el caso de la oficial Sandra Mora en el año 2000, quien fue destituida por su condición de lesbiana y que en 2011, luego de una batalla jurídica, fue reintegrada a la institución como teniente coronel.
La comunidad del anillo y el feminicidio de Lina Zapata
El 25 de enero de 2006, dentro de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, la alférez Lina Zapata, de 19 años, fue encontrada muerta en uno de sus alojamientos. Las razones de la dirección de la Escuela apuntaron a que su muerte fue resultado de una decepción amorosa, pero hoy el caso está reabierto por orden de la Fiscalía ya que tendría relación con la red de prostitución en la Policía Nacional pues Lina habría descubierto su funcionamiento.
Adiela Gómez, madre de la joven, está asilada en Europa por amenazas desde la Policía Nacional y aseguró que “Ella pensaba retirarse de la Policía porque había descubierto que esa institución estaba podrida”.
Según testimonios de compañeros cadetes de Lina, ella había descubierto la red de prostitución al servicio del alto mando policial que “drogaba o alcoholizaba hombres y mujeres para luego grabarlos teniendo relaciones sexuales y posteriormente los manipulaban con la seguridad de que no iban a hablar por físico miedo o por vergüenza”.
En la investigación acerca de los responsables de la muerte de la joven, la Fiscalía aseguró que “no se puede establecer que haya sido un suicidio pues la escena fue alterada”, además, los análisis de balística de residuos de disparo, hecho por Medicina Legal, demostraron “negativo” en ambas manos de la víctima.
Alvaro Caro Meléndez, quien era el director de la Escuela ordenó, según testimonios de los cadetes, compañeros de Lina, “que se quemara su uniforme, incluso la ropa interior”. Posteriormente a este asesinato, Caro Meléndez renunciaría a la Policía Nacional en 2009 por “motivos estrictamente personales”.
Sandra Solano, vocera de la Confluencia de mujeres para la acción pública, aseguró que este «es un caso más de feminicidio dentro de la institución, muchos de ellos hoy continúan en la impunidad y obedece a una práctica estatal de silenciamiento a personas que buscan hacer investigación de todo lo que pasa allí adentro. Además, el feminicidio de Lina fue justificado como muchos otros, por una decepción amorosa, el supuesto elemento de debilidad en las mujeres”.
¿Ser gay es un insulto?
Ante las acusaciones que llegaron a los altos mandos, el coronel Jerson Jair Castellanos, exjefe de seguridad del Congreso de la República, aseguró sentirse tranquilo pues “no soy homosexual, soy una buena persona” y recalcó que todas las acusaciones responden a una persecución “por envidia, pues en este país el que no es una vagabunda es un gay”.
La Fiscalía llamó a interrogatorio a Castellanos para responder a más de diez testimonios que lo acusan de abuso y acoso sexual dentro de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander.
Lo que queda en claro es la necesidad de eliminar cualquier amenaza de homosexualismo y honestidad dentro de la Policía Nacional pues son una amenaza para la institucionalidad, a pesar de que en las últimas semanas se comprobara la complicidad de miembros de esta institución al servicio de las bandas de microtráfico en el centro de Bogotá y que el mismo General Palomino esté acusado por incremento injustificado de su patrimonio y seguimientos ilegales a periodistas.
El escándalo mediático institucional se desató por el video íntimo entre los servidores públicos Carlos Ferro y Ányelo Palacios Montero, pero jamás por el asesinato de la alférez Lina Zapata o los reiterados abusos sexuales a los cadetes de la escuela General Santander.
Mientras las investigaciones continúan y toman un nuevo rumbo, el ahora exdirector general de la Policía, Rodolfo Palomino, suma 11 investigaciones ante la Unidad Delegada en la Corte Suprema de Justicia.
Los parlamentarios
Desde sus cuentas en Twitter, la senadora Claudia López Hernández aseguró que “la única diferencia entre Otálora y Palomino es la protección del presidente Juan Manuel Santos al general porque los casos son igualmente graves”. Jorge Otálora es el exdefensor del Pueblo que fue suspendido luego de que se le iniciara una investigación en su contra por el acoso laboral y sexual que hizo a su exsecretaria Astrid Cristancho.
Por su parte, Iván Cepeda manifestó que “hechos tan graves como los que están siendo objeto de acusación deben ser esclarecidos plenamente, al igual, espero, que se garantice el derecho a la defensa con garantías al General Palomino”.
La pregunta para la nación tiene que ver con el futuro de la Policía en el posacuerdo. ¿Qué está anticipando este histórico revés en la Fuerza Pública? ¿Por qué antiguos aliados de las irregularidades hoy están dando la espalda a la situación?
CI JA/MP/17/02/16/9:00
